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Es común escuchar a los funcionarios públicos y a los particulares en asuntos donde resultan afectados los derechos fundamentales a la vida y a la salud, LA EXIGENCIA a los usuarios DEL SISTEMA DE SALUD de tramitar Acciones De Tutela, para acceder a lo que por ley les corresponde. –



El Honorable Consejo Superior de la Judicatura, en respuesta a un derecho de petición de información relacionado precisamente sobre el número de acciones de Tutela presentadas en el País por la desatención de derechos de petición, a la salud, mínimo vital, seguridad social, Vida e integridad, igualdad, educación, derecho a la información pública, es escalofriante SETECIENTAS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES (752.153), acciones de Tutela en lo corrido del año 2.016, sí esa es la cifra correcta, que si lo traducimos en recursos físicos y económicos, resulta gigantesca, calculemos horas hombre, recursos físicos, papelería, tinta, reparto, alimentación y actualización página de la rama por Despacho judicial, telegramas, estudio, respuesta oportuna, tramite de impugnación, nuevo reparto, estudio, fallo, comunicaciones,  una cifra de $100.000., teniendo en cuenta el valor hora de cada funcionario que interviene en cada Acción de tutela, nos arrojaría la suma de $75.215.300.000, sin contar con los costos generados por tener que separar al funcionario judicial y a los Despacho Judiciales en general de los procesos a su cargo.-

Mientras en nuestro país NO EXISTAN CONSECUENCIAS ECONOMICAS, DISCIPLINARIAS Y AUN PENALES, para aquellos funcionarios que desatienden sus mínimos deberes y obligaciones legales, que cada cargo le impone, comenzando como está demostrado con la simple desatención de un derecho tan básico y fundamental como es el de petición, seguiremos viendo tramitar de manera desbordada miles de Acciones de Tutela, por la ineficiencia de otros a los cuales no les duele el país y constituyen verdaderos comportamientos de CORRUPCION. “Corrupto no es sólo aquel que pide dinero, CORRUPTO es también quien abusa del poder o deja de atender sus obligaciones legales para con sus conciudadanos sin importar su estirpe, clase o condición”

 Es por todo lo anterior, que se hace necesario en aras de la lucha contra la Corrupción, la expedición de una norma que contemple la imposición de sanciones económicas, o de multas con destino al funcionamiento de la Rama Judicial, para todos aquellos funcionarios que desatienden tan básicos derechos fundamentales, como el dar oportuna respuesta a peticiones a ellos formuladas, y que generan el trámite de Acciones de Tutela debida a su morosidad o ausencia de respuesta, sin atender justificación alguna por tratarse de un derecho fundamental el omitido.-