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A más de lo interminable del proceso fiscal, de la demanda en sede judicial, surge un tercer proceso, “El cobro por jurisdicción Coactiva”, proceso que de acuerdo con el manejo dado por el Órgano de Control, constituye un verdadero albur, en el que se pretenden aplicar normas de una parte y de otra,

y para completar se crean normas propias por la Contraloría General de la República, en conclusión quien debe enfrentar un proceso coactivo ante la Contraloría debe manejar las normas propias del Estatuto Tributario, las normas de la Ley 1066 de 2006 y los Decretos Reglamentarios expedidos por la Contraloría, y el estatuto de cobro coactivo expedido por esta última.-