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No le es dable al  operador judicial en materia contenciosa administrativa, impedir o restringir bajo el pretexto de efectuar la fijación del litigio, a quien actuó dentro de un proceso de responsabilidad fiscal como tercero civilmente responsable (garante), para discutir en sede jurisdiccional la nulidad del acto administrativo que estableció la responsabilidad fiscal de los sujetos procesales e incorporó al fallo la póliza de seguro.



 Si la norma que permitió la vinculación del tercero civilmente responsable al proceso fiscal, igualmente advierte que ese tercero tiene los mismos derechos que el implicado principal, no se puede entender, que el fallador de instancia, no lo admita. Si observamos con detenimiento, el derecho del implicado principal es el de ejercer las acciones contenciosas contra el fallo, bajo que argumento legal, al garante se le restringe ese derecho, y se le limita a discutir únicamente todo aquello que tenga relación con el contrato de seguro. Obsérvese que dentro del proceso fiscal el garante puede controvertir las pruebas de cargo contra el implicado o   imputado, que sucede con sus alegaciones que de igual manera tiene el alcance de alegato y que censura el actuar de la administración porque la mismo ha obrado en contra del ordenamiento jurídico,  bien porque el funcionario no es competente, se extralimitó en sus funciones, actuó por fuera de los mandatos legal, o porque no permitió el ejercicio del derecho de defensa, por citar solo algunos de los hechos que pueden enmarcarse y ser advertidos y discutidos en sede de la vía administrativa, y constitutivos del acto cuya declaratoria de nulidad se advierte a través de la respectiva acción contenciosa.