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La función Constitucional de la Contraloría, debe estar sujeta a un procedimiento breve, ágil y eficaz,  dentro del cual su papel se oriente exclusivamente a investigar la conducta de los gestores fiscales que hubieran podido haber ocasionado un daño patrimonial al Estado,

para así formular la correspondiente acusación (imputación) ante Juez Administrativo, quien a su vez será quien tome la decisión de fondo, garantizándose de esta manera cualquier manto de duda acerca de la imparcialidad, por no haber estado contaminado con la investigación.

El modelo a seguir puede ser similar al aplicable en materia Procesal Penal, de donde La Fiscalía, se encarga de adelantar la investigación, recaudar los elementos de orden probatorio y acusar ante el Juez de conocimiento,  quien en últimas se encargará de proferir el fallo con o sin responsabilidad fiscal. Con un procedimiento como el propuesto, se pueden  lograr los fines y principios orientadores de la acción fiscal, ello es el debido proceso, derecho de defensa, imparcialidad, transparencia, moralidad, igualdad, buena fe, , moralidad, participación, responsabilidad, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad y de paso garantizar la seguridad jurídica de quienes intervienen como sujetos procesales.

 Un modelo como el actual, donde quien formula el hallazgo fiscal, apertura, investiga, recauda pruebas, decreta las pruebas que de acuerdo con su cometido califica de procedentes y conducentes, niega el decreto y práctica de aquellas pruebas que en conciencia del implicado y su defensa, son necesarias para demostrar su ausencia de responsabilidad, igualmente hoy en día el ente de control fiscal, no conforme con su papel, a más de decretar, negar y practicar las pruebas que considera subjetivamente inconducentes e improcedentes, las valora, y lo más delicado, ese mismo Operador Fiscal, determina o no acerca de la responsabilidad, lo que en muchas oportunidades desde el mismo momento en que se adopta la decisión de concluir sobre la existencia del hallazgo administrativo con consecuencias fiscales, o desde que se profiere el auto de apertura, implica que ya se ha inclinado la balanza,  porque quien te acusa será quien finalmente te absolverá o condenará.

 Ahora quien pretenda discutir acerca de la legalidad de las actuaciones administrativas surtidas en virtud del proceso fiscal, deberá formular demanda contenciosa administrativa, para que un juez declare o no la nulidad de los actos proferidos, que muchas veces estuvieron contaminados  por actos violatorios a los derechos fundamentales por la naturaleza de las decisiones y de acuerdo con la literatura jurisprudencial, no pudieron ser demandados en sede constitucional, por no tener la naturaleza de definitivos, no conllevar un perjuicio irremediable o porque se tiene la creencia errónea que el afectado cuenta con otros medios  que debe agotar previamente, tales como la misma demanda de nulidad, y restablecimiento del derecho, y la posibilidad de solicitar medidas cautelares dentro del mismo proceso, como si los derechos fundamentales  al “Debido Proceso  y Derecho de Defensa” fueran de aquellos derechos fundamentales  de quinta categoría, que pueden estar sujetos al estado de ánimo del juez Constitucional, y someterse a la espera y a la larga carga burocrática de las instituciones.

 En últimas con el procedimiento tal y como se encuentra hoy concebido, todos pierden, los sujetos procesales, llámense implicados, imputados, terceros civilmente responsables, por la indefinición de sus derechos, las entidades afectadas al someterse igualmente a un interminable proceso y a la imposibilidad de recaudar aquellos daños y perjuicios causados por quienes en realidad tienen el deber de reparar el daño patrimonial causado al Estado.