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La garantía al debido proceso se encuentra establecida en la ley 610 de 2000 como uno de los  principios orientadores para el ejercicio de la acción fiscal. El núcleo esencial de este derecho de rango constitucional comporta que las actuaciones administrativas deben adelantarse por los entes de control con pleno respeto de las formas propias de

cada juicio definidas por el legislador con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador. No obstante, es recurrente encontrar que en los procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal esta garantía mínima es vulnerada a los sujetos procesales, cuando los Operadores Fiscales incumplen el  procedimiento y los términos establecidos por el legislador en los artículos 45 y 46 de la ley 610 de 2000. El legislador estableció en forma clara en el artículo 45  de la citada ley  que los Operadores Fiscales tienen un término de  tres (3) meses para adelantar las diligencias de que tratan los artículos 41 al 44, el cual puede ser prorrogable hasta por dos (2) meses más, siempre y cuando hayan circunstancias que  lo ameriten y  la prórroga se establezca mediante auto debidamente motivado.En concordancia con lo anterior, el artículo 46 de la misma ley dispone que vencido el término indicado, es decir el inicial más el de su eventual prórroga, el Operador Fiscal  debe decidir entre dictar el correspondiente auto de archivo del proceso o  proferir auto de imputación en contra de los presuntos responsables fiscales, si encuentra reunidos los presupuestos legales  del artículo 48 de la referida norma.

La injustificada omisión de los Operadores Fiscales para aplicar los plazos perentorios establecidos en los artículos citados, excediendo en muchas oportunidades el término legal previsto y sin que medie siquiera auto motivado que justifique la prórroga de dos meses,  ha sido advertida en diferentes informes  de la Auditoria General de la República de los últimos años.  Esta circunstancia anómala, que  además de ser ilegal, viola y desconoce el debido proceso al mantener en indefinición la situación jurídica de los implicados, los cuales suelen permanecer durante varios años vinculados al proceso de responsabilidad fiscal a la espera de una decisión tardía por parte de los entes fiscales.

 De igual manera, hay violación al debido proceso cuando los Operadores Fiscales, en lugar de proferir  auto de archivo o de imputación, deciden durante ese período, adelantar una tercera clase de actuación no  prevista en la ley, como lo es el recaudo de  pruebas. Esta actuación resulta contraria al derecho al debido proceso de los sujetos procesales, por las siguientes razones: La primera, por cuanto  en este estadio procesal, el  funcionario competente no ha definido  los cargos a formular, por lo que no tiene sentido el solicitar y practicar pruebas si no hay cargos concretos que puedan ser  confirmados o desvirtuados con base en la material probatorio que se recaude, máxime si  los cargos no  han sido puestos  en conocimiento a los sujetos procesales, los cuales  carecen entonces de los elementos necesarios para poderlos desvirtuar, por ejemplo a través de la solicitud y práctica de pruebas pertinentes para tal fin; La segunda, por cuanto el legislador ha previsto una etapa de procesal en la cual todos los sujetos vinculados al proceso, incluyendo al Operador Fiscal, pueden  solicitar pruebas en el proceso en igualdad de condiciones, esta corresponde al  perentorio término de treinta días (30) del artículo 51 de la Ley 610 de 2000. En tal sentido, permitir que  los entes de control adelanten a espaldas de los sujetos procesales la práctica de una serie de pruebas que gozan de reserva hasta la etapa de imputación, corresponde a un desequilibrio procesal que va en contravía de los principios de imparcialidad,  transparencia y  moralidad con los que el Operador Fiscal debe adelantar la  investigación.

Por los motivos expuestos, resulta de vital importancia que los Operadores Fiscales acaten tanto el procedimiento como los términos del proceso de responsabilidad fiscal para que se respete el debido proceso, cuya garantía  se extiende a todas las actuaciones, procedimientos y procesos administrativos que aparejen consecuencias para los sujetos intervinientes en un proceso fiscal.