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El artículo 120 de la Ley 1474 de 2011,que establece un plazo en el cual prescriben las pólizas de seguro vinculadas a  procesos de responsabilidad fiscal, es una norma que debe ser declarada inconstitucional, y por ende retirada del ordenamiento jurídico Colombiano.

Nuestra firma está preparando una demanda ante la Corte Constitucional  para que se revise la exequibilidad de este articulo, con base en las siguientes razones:

1-     El mencionado artículo 120 del Estatuto Anticorrupción, es una norma que carece de la técnica jurídica mínima  esperada de una ley. Esta disposición legal consagra que las pólizas de seguro vinculadas a los procesos de Responsabilidad Fiscal,  cuentan con el mismo término de prescripción de 5 años que el impuesto para la declaración de responsabilidad fiscal. En este sentido, debe recordarse que la prescripción es un fenómeno jurídico, en virtud de la cual se adquieren o se extinguen derechos, por haber transcurrido un  lapso de tiempo fijado en la ley. En su dimensión extintiva, este instituto jurídico liberador extingue acciones o cesa derechos, incluyendo el de la potestad punitiva del Estado.

Con base en lo anterior, no puede concluirse nada distinto a que el citado artículo es anti técnico y vago, cuando señala que lo que prescribe es la póliza vinculada al proceso de responsabilidad fiscal y no las acciones derivadas del contrato de seguro, tal como establece la norma especial en la materia, el artículo 1081 del Código de Comercio. La confusión del legislador al momento de proferir esta disposición legal es evidente, máxime cuando pretende equipar dos prescripciones, cuya naturaleza  difiere completamente la una de la otra; pues mientras que en la del seguro, se predica por la falta de ejercicio de las acciones por parte de quienes tienen el  interés en reclamar la indemnización del contrato; en el caso de la prescripción de la responsabilidad fiscal, se instituye en el marco de un proceso fiscal, y lo que se sanciona aquí no es otra cosa que la inacción y dilación de la propia Administración para dictar una providencia que resuelva la situación jurídica de los implicados.

2-     De igual manera, no puede admitirse que mediante un artículo del citado Estatuto, el cual fue orientado a prevenir y combatir los actos de corrupción presentes en las instituciones del Estado, se reforme una norma especial en materia comercial, como lo es el mencionado artículo 1081 del Código de Comercio, que regula tanto la prescripción ordinaria como la extraordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro. La indebida inclusión de este artículo, al mejor estilo de los “micos” presentes en diferentes leyes de la República, viola el principió de unidad de materia, cuyo desarrollo jurisprudencial ha sido construido por la Honorable Corte Constitucional en diferentes sentencias.

En una de ellas, hago referencia a la sentencia C-850/13, la Corte Constitucional reiteró que el principio  de unidad de materia exige que las disposiciones de una ley versen sobre un mismo tema, o eventualmente, sobre varios temas relacionados entre sí, de manera que siempre exista, entre ellas, “ una conexidad temática, teleológica, causal o sistemática”. De acuerdo a estos parámetros definidos por el Alto Tribunal Constitucional, debe necesariamente cuestionarse cual fue el vinculo de conexidad que encontró el legislador para modificar una norma especial del régimen privado, por medio de un Estatuto concebido para sancionar severamente actos de corrupción en la Administración Pública, y que adoptó  una serie de medidas para endurecer los regímenes administrativo, penal y disciplinario. ¿O es que acaso puede argumentarse que  el legislador encontró a las aseguradoras responsables en todo o en parte de estos actos reprochables en contra de la moralidad y la gestión pública?; la respuesta a tal pregunta, la encontramos en  los mismos textos del proyecto de ley No. 142 de 2010 Senado y proyecto de ley No. 128 de 2.011 de la Cámara, así como en cada una de las ponencias de los debates adelantados para la aprobación del “Estatuto Anticorrupción”, en los cuales no se evidencia que se hubiese atribuido tal responsabilidad al sector asegurador, ni mucho menos que se hubiera discutido la perentoriedad de modificar los términos de prescripción del contrato de seguro como medida de lucha contra la corrupción.

 Un ejemplo de la violación a este principio de la unidad de materia por la falta de conexidad temática, se encuentra en la sentenciaC-015/13,  en la  cual la Corte pudo establecer que el núcleo temático de la ley 1527 de 2012 giraba entorno al establecimiento de un marco general del producto  de libranza o descuento directo para asalariados y pensionados, por lo que no le era dable al legislador incluir un artículo en dicha ley, que derogaba disposiciones en otras materias, como el régimen de las sociedades comisionistas de bolsa, y el régimen tributario y contable aplicable a los contratos de leasing.